Las acusaciones de corrupción dieron lugar a una sentencia histórica sobre la protección de los alertadores

En 2001, Julio Rogelio Viteri Ungaretti, capitán de la Armada de Ecuador destinado entonces como agregado naval en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, denunció presuntos actos de corrupción en las fuerzas armadas relacionados con contratos de seguros para aviones militares. Expresó claramente sus preocupaciones tanto dentro del ejército ecuatoriano como al embajador en Londres.

Las denuncias de Viteri Ungaretti se hicieron públicas posteriormente en los medios de comunicación.

A raíz de estas acusaciones, Viteri Ungaretti recibió la orden de regresar a Ecuador, donde fue objeto de medidas disciplinarias y detención por hablar con los medios de comunicación. También fue objeto de críticas directas por parte del presidente de Ecuador, que lo calificó de «chiflado... solo los fantasmas lo persiguen».

De hecho, la familia de Viteri Ungaretti fue sometida a vigilancia y el propio Viteri Ungaretti fue perseguido por cargos de declaraciones fiscales incorrectas y mala gestión. Se le negó cualquier promoción futura y se le asignó un oscuro puesto administrativo.

A continuación, intentó llevar su caso ante los tribunales. Una apelación ante el Tribunal Constitucional de Ecuador en 2023 anuló las órdenes de detención, pero no ordenó ninguna otra reparación. La autoridad anticorrupción del país incluso concluyó que las acusaciones de corrupción de Viteri Ungaretti tenían fundamento, pero se negó a continuar con la investigación.

El capitán Viteri Ungaretti se vio obligado a abandonar el servicio activo, lo que le llevó a él y a su familia a solicitar asilo en el Reino Unido en 2004. Finalmente, encontró un empleo alternativo en Guinea Ecuatorial.

En una sentencia histórica más de 20 años después, el 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo pública su decisión de que las revelaciones de Ungaretti eran de interés público y merecían una protección especial. La sentencia supone un avance fundamental para los derechos de los denunciantes en toda América Latina.

A lo largo de su trayectoria legal de décadas, Ungaretti contó con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito.

Las denuncias de derechos humanos presentadas por particulares ante los organismos de derechos humanos de América Latina suelen ser atendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los casos que llegan a la Corte son poco frecuentes y la Comisión solo remite unos 30 al año.

La petición inicial de Viteri Ungaretti a la Comisión en 2002 alegaba numerosas violaciones de sus derechos humanos como consecuencia de su denuncia. Solicitó a la Comisión que ordenara medidas cautelares contra el Gobierno de Ecuador para garantizar la seguridad de su familia e investigar sus denuncias.

Como indicio del tiempo que tardan estos casos en tramitarse en las instituciones interamericanas de derechos humanos, la CIDH tardó 22 años en emitir su decisión final. El tribunal reconoció que el Estado ecuatoriano había violado varios de los derechos de Viteri. Entre ellos figuraban la libertad de expresión, la protección contra la detención arbitraria, el derecho al trabajo y la seguridad laboral, la libertad de circulación, la residencia y la integridad personal, y la protección de su familia.

El tribunal hizo hincapié en la importancia de proteger a los alertadores, reconociendo que sus actividades son de interés público y merecen una protección especial. Esto era especialmente cierto cuando las denuncias se referían a casos de corrupción, que erosionaban las instituciones democráticas y el Estado de derecho, además de reducir los recursos públicos disponibles para proteger los derechos humanos a través de programas sociales.

El tribunal reconoció que existía un «claro interés público» en la lucha contra la corrupción. En cierto modo, la sentencia de la CIDH va más allá de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al afirmar que no es necesario demostrar «buena fe» para que un denunciante esté protegido contra represalias. Este umbral suele ser objeto de abuso por parte de antiguos empleadores que tratan de impugnar la motivación de los denunciantes dentro de su organización.

Las protecciones para los denunciantes que acuden a los medios de comunicación también son más amplias que las previstas por el TEDH o la Directiva de la Unión Europea sobre denuncia de irregularidades (Directiva 2019/1937). Los alertadors tienen derecho a hacer pública la información si los mecanismos oficiales no son fiables o no se perciben como tales, o si existen «razones válidas» para hacerlo. Además, el Tribunal rechazó en cierta medida el uso de la clasificación para ocultar pruebas de corrupción o violaciones de los derechos humanos.

La sentencia ordenó al Estado ecuatoriano pagar a Viteri y a su familia una indemnización económica de 120 000 dólares estadounidenses, ofrecer una disculpa en una ceremonia pública y reconocer las responsabilidades internacionales del Estado.

Se ordenó a Ecuador que modificara su legislación nacional para impartir formación sobre la protección de los alertadores a los miembros de las fuerzas armadas y establecer un canal seguro para cualquier futura denuncia de corrupción. Las medidas de protección debían incluir la confidencialidad, la protección contra el despido o el trato perjudicial en el trabajo, la exención de responsabilidad penal o civil, la capacidad de sancionar a quienes infringieran estas normas y, por último, medidas para proteger la seguridad de los propios denunciantes.

Ecuador también tuvo que publicar la sentencia en los medios de comunicación oficiales y nacionales.

En octubre de 2025, Ecuador solo había cumplido parcialmente estas órdenes y el equipo jurídico de Viteri está presentando alegaciones ante la CIDH sobre el incumplimiento de Ecuador. No obstante, el 11 de agosto de 2024, las fuerzas armadas ecuatorianas emitieron una disculpa pública a Viteri y su familia.

El sistema de protección de denunciantes de Ecuador es uno de los más débiles de la región y es poco probable que la decisión de la CIDH cambie eso de la noche a la mañana. El recurso para las denuncias de denunciantes que no están directamente relacionadas con la lucha contra la corrupción tampoco está del todo claro.

No obstante, este caso representa un precedente significativo en la jurisprudencia interamericana, ya que vincula directamente la protección de los derechos humanos con la lucha contra la corrupción. La sentencia refuerza la protección de los denunciantes y promueve una cultura de transparencia y rendición de cuentas pública en toda la región.

Enlaces:

Harvard: Banisar, D. (2024) «La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece normas para la protección de los denunciantes en casos de corrupción». Observatorio de Delitos Corporativos. Disponible en:www.corporatecrime.co.uk/post/ichr-ungaretti